El Gobierno de Bolivia insistirá en su pedido de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos colaboradores desde Estados Unidos. El objetivo es que enfrenten un juicio de responsabilidades por una matanza de 2003 que terminó con más de 67 muertos y 400 heridos.
Así lo informó el canciller boliviano, Rogelio Mayta, quien agregó que "más allá de que parezca muy, muy difícil ese escenario, por el resguardo que les ha dado el Gobierno de Estados Unidos a lo largo de estos casi 18 años que ellos están prácticamente impunes allá".
"Guerra del gas"
La matanza a la que alude el fallo, conocida como "Octubre negro", se produjo en el marco de convulsiones sociales tras el anuncio de medidas propuestas por el Gobierno de de Sánchez de Lozada. Aquella vez, el entonces presidente autorizó la intervención militar contra acciones protagonizadas en la ciudad de El Alto por civiles durante la serie de eventos denominada "Guerra del gas".
El ex mandatario había decidido exportar gas a través de puertos chilenos en un momento en que la cobertura de la red de gas en Bolivia era mínima y y no existía una política clara para la gestión de los recursos. Esa situación desató una ola de protestas que culminó con la renuncia de Sánchez de Lozada.
La declaración fue publicada hoy, un día siguiente de que se confirmara que un juez estadounidense ratificó una condena civil de 2018 que obliga a los exdignatarios bolivianos refugiados en Estados Unidos a indemnizar con U$S 10 millones a víctimas de una masacre ocurrida en 2003.